Con la presentación de las iniciativas para promulgar una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como la reforma integral a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado una señal clara: la contratación pública será uno de los ejes centrales de su estrategia de gobernanza, desarrollo económico y combate a la corrupción.
Ambas propuestas se fundamentan en el artículo 134 de la Constitución, el cual establece que los recursos del Estado deberán administrarse bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez. En este sentido, representan, sin lugar a dudas, una de las transformaciones normativas más ambiciosas en las últimas dos décadas en materia de gestión del gasto público. Desde una perspectiva técnica, las reformas avanzan hacia una mayor estandarización, digitalización y control de los procesos de contratación.
El nuevo marco jurídico no se limita a cambios cosméticos: introduce conceptos novedosos, como el diálogo competitivo, los acuerdos marco obligatorios, la posibilidad de ofertas subsecuentes de descuento y las contrataciones consolidadas. Estas figuras, ampliamente utilizadas e identificadas dentro de las mejores prácticas a nivel internacional, buscan mejorar la planeación, fomentar la competencia y reducir los costos de transacción para el Estado.
Uno de los cambios más significativos es la sustitución de CompraNet, que ha operado durante cerca de tres décadas como el espacio digital oficial de contrataciones del gobierno federal, por una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, administrada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABG). Esta decisión responde a la necesidad de contar con un sistema más ágil, interoperable y orientado a la analítica de datos, con herramientas que permitan identificar patrones de riesgo, alertas tempranas, conflictos de interés y el fortalecimiento del control institucional.
Según los informes más recientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondientes a la Cuenta Pública 2023, se detectaron irregularidades por un total de 51,979 millones de pesos, de los cuales 43,206 millones aún requieren aclaración. El 68 % de las compras públicas que presentaron opacidad se relacionaron con deficiencias en los sistemas de información y trazabilidad, atribuibles en parte a problemas en la homologación de bases de datos en el sistema CompraNet.
La nueva LAASSP avanza en la construcción de una ética pública a partir de lineamientos que fomentan la integridad empresarial, la incorporación del enfoque social y sostenible, y el fortalecimiento del mercado interno. Estas disposiciones colocan a México en línea con estándares internacionales, como la Agenda 2030 de la ONU y los Principios de Contratación Pública Responsable de la OCDE.
Particularmente valioso es el reconocimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), cooperativas y grupos prioritarios. Se establecen medidas afirmativas para su participación: anticipos, condiciones diferenciadas y criterios de adjudicación que priorizan el impacto social. Según el INEGI, las MIPYMES generan más del 70 % del empleo en México, pero apenas acceden al 12 % de los contratos públicos. Corregir esta asimetría es un acto de justicia económica y de desarrollo regional.
Pese a sus avances, el nuevo marco mantiene ciertas zonas de ambigüedad que merecen ser abordadas críticamente. Una de las más preocupantes es la consolidación del papel de las Fuerzas Armadas como ejecutoras de obras públicas, con facultades de excepción al régimen ordinario de contrataciones. En los últimos cinco años, el Ejército ha recibido contratos por más de 350 mil millones de pesos, según el IMCO, sin que existan mecanismos robustos de fiscalización.
Asimismo, el uso de adjudicaciones directas estratégicas sigue presente. Aunque se introducen herramientas como la negociación electrónica y los estudios de mercado obligatorios, la ley permite excepciones amplias. En 2023, el 78 % de los contratos federales se otorgaron por adjudicación directa, según datos de la Secretaría de la Función Pública, ahora SABG. El reto, por tanto, no es solo normativo, sino de implementación y control.
Las reformas a la LAASSP y la LOPSRM representan un avance técnico incuestionable. Se trata de un rediseño profundo que incorpora herramientas modernas, promueve la digitalización, impulsa la sostenibilidad y fortalece la integridad. El paquete legislativo tiene el potencial de sentar las bases para una nueva gobernanza del gasto público, más eficiente, transparente y orientada al desarrollo inclusivo.
Sin embargo, como todo cambio estructural, su éxito no dependerá únicamente del texto legal, sino de su implementación, del fortalecimiento institucional y de la vigilancia ciudadana. La apuesta por un modelo más centralizado debe acompañarse de controles externos efectivos, transparencia real y contrapesos democráticos.
Si el gobierno logra convertir esta reforma en una política de Estado, estaremos ante un verdadero parteaguas en la historia de las contrataciones públicas en México. Si no, corremos el riesgo de convertir una gran promesa en una nueva fachada normativa. La decisión está en manos no solo del Ejecutivo, sino de todo el ecosistema institucional y social del país.
