Como señalamos anteriormente, el acceso gratuito a la educación superior representa un logro social incuestionable, pero también plantea desafíos sustanciales en términos de sostenibilidad y calidad. Hoy, muchas universidades públicas enfrentan una tensión constante entre ampliar su cobertura y mantener estándares académicos sólidos. La masificación —aunque impulsada por principios de justicia social— ha traído consigo una sobrecarga en infraestructuras, personal académico insuficiente y recursos cada vez más limitados para sostener una formación de excelencia.
La calidad educativa no puede ser una víctima colateral de la gratuidad. Cuando se prioriza la cantidad sobre la formación rigurosa, corremos el riesgo de generar una falsa promesa: egresados con títulos, pero sin las competencias necesarias para integrarse con éxito al mundo profesional o contribuir al desarrollo del país. El compromiso con la excelencia debe ser tan ineludible como el compromiso con el acceso.
A este panorama se suma una presión creciente sobre los docentes para aprobar a los estudiantes, muchas veces bajo el argumento de mejorar las tasas de eficiencia terminal. Este enfoque puede parecer práctico desde una perspectiva estadística, política o presupuestal, pero resulta profundamente problemático si no va acompañado de estrategias pedagógicas sólidas y acompañamiento académico real. Forzar aprobaciones para cumplir metas numéricas desvirtúa el sentido de la educación superior y compromete gravemente la formación profesional.
Para enfrentar este dilema, es urgente rediseñar nuestras estrategias. Las instituciones de educación superior deben ser fortalecidas desde lo estructural y lo financiero. Esto implica reconocer que la gratuidad no es gratuita: mantener un sistema gratuito de calidad requiere compromiso gubernamental, inversiones constantes, planificación a largo plazo y modelos de financiamiento innovadores.
¿Es posible sostener la gratuidad sin comprometer la calidad? Seguramente sí, pero requiere voluntad política, corresponsabilidad social y creatividad institucional. Una vía es avanzar hacia modelos de financiamiento alternativos, que no sustituyan al Estado, sino que lo complementen: esquemas mixtos que puedan incluir contribuciones progresivas de egresados exitosos, convenios con el sector productivo, fondos de inversión universitaria o alianzas público-privadas bien reguladas que respeten la autonomía. Incluso podríamos imaginar un sistema solidario en el que quienes pueden, aporten a un fondo común para garantizar que nadie quede fuera.
También es esencial repensar cómo se distribuyen los recursos públicos. Hoy, muchas instituciones compiten por presupuestos escasos, sin que necesariamente se privilegie a las que logran mayores impactos académicos o sociales. Apostar por la calidad implica establecer criterios claros de asignación, que reconozcan el esfuerzo por mantener estándares académicos altos, por innovar pedagógicamente y por cerrar brechas sin bajar exigencias.
Finalmente, es fundamental que como sociedad reconozcamos que la excelencia académica no es un privilegio elitista, sino una condición indispensable para la justicia social real. Solo con egresados bien formados, críticos, éticos y preparados, podremos construir un país más equitativo, democrático y competitivo.
Gratuidad y calidad no deben ser polos opuestos, sino pilares complementarios. El reto está en construir un sistema educativo donde el derecho a estudiar no esté reñido con el deber de hacerlo bien.
