Este martes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones en contra del Cártel de la Nueva Familia Michoacana, casi dos meses después de que el gobierno de Donald Trump hiciera pública la lista de los grupos del crimen organizado mexicanos que serían catalogadas como organizaciones terroristas extranjera.
Durante el anuncio, Scott Bessent, secretario del Tesoro, acusó a la organización criminal de estar involucrado en el tráfico de fentanilo, el cruce ilegal de migrantes a Estados Unidos, agredir a las fuerzas del orden mexicanas, de utilizar drones con bombas para atacar a rivales y el uso de armas de fuego convencionales.
“La acción de hoy subraya nuestro compromiso de intensificar la presión sobre los cárteles de la droga violentos como LNFM, que continúan traficando fentanilo letal y otras drogas, contrabandeando inmigrantes ilegales a través de nuestra frontera suroeste y atacando a las fuerzas del orden”, dijo secretario del Tesoro.
En este sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra miembros de la Nueva Familia Michoacana; principalmente sobre los colíderes de esta agrupación delictiva: Johnny Hurtado Olascoaga, alias ‘El Pez’, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, también conocido como ‘La Fresa’.
Aunque desarticular a la organización financieramente no es suficiente para el gobierno estadounidense, pues Bessent anunció una recompensa de 5 millones de dólares para información que lleve a la captura de Johnny Hurtado, mientras que para su hermano es de 3 millones.
¿Qué implica la sanción contra la Nueva Familia Michoacana?
La medida dictada este martes por las autoridades estadounidenses afectará financieramente a la estructura de la Nueva Familia Michoacana, ya que todos los bienes e intereses de los colíderes de la organización que están en Estados Unidos o en control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.
Esto incluye a empresas o firmas de las que ‘El Pez’ o ‘La Fresa’ sean propietarios en un 50 por ciento o más. Además, la OFAC prohibirá todas transacciones de ciudadanos estadounidenses dentro o fuera del territorio que tengan como destino alguna cuenta relacionada con los líderes criminales.
También, están consideradas las exportaciones, reexportaciones o transferencias de artículos sujetos de controles de exportación, ya que una de las formas en que la organización lava el dinero de las actividades ilícitas es a través de la compra de productos en Estados Unidos que envían a México y luego son revendidos.
“Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por infringir la Orden Ejecutiva 14059 o la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones. También se prohíbe a las personas no estadounidenses causar o conspirar para causar que personas estadounidenses violen, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan dichas sanciones”, se lee en el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro.
