En un panorama de creciente presión y expectativas, la decisión de la Secretaría de la Función Pública, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de anular el procedimiento de licitación para la compra consolidada de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico para los años 2025 y 2026, no solo pone en evidencia la voluntad política del gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, sino que también refleja un firme compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, elementos clave para abordar las irregularidades en la gestión pública, independientemente de las implicaciones políticas o los costos a corto plazo.
Para brindar mayor contexto a este tema, cabe recordar que en 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a la Ley General de Salud. Estas reformas establecieron, de manera medular, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos asociados para personas sin seguridad social residentes en el país. Es decir, a partir de dicha fecha se reconoció a todas las personas sin seguridad social el derecho a la atención médica gratuita en los tres niveles de atención, así como a todos los medicamentos e insumos necesarios para sus tratamientos. Esta medida implicó una responsabilidad titánica para el gobierno federal.
No obstante lo anterior, y como hecho aparentemente contradictorio, en años recientes los servicios públicos de salud en México han enfrentado una problemática recurrente en materia de abasto de medicamentos. Una de las principales causas de esta situación se originó con la declaración de la pandemia mundial por COVID-19, la cual generó una impresionante disrupción en las cadenas de producción, distribución y captación de la demanda de medicamentos e insumos médicos a nivel global. A esto se sumó el hecho de que, en el caso específico de México, el sector salud ha sido históricamente considerado como una de las áreas más sensibles y críticas por actos de corrupción. Esta situación orilló a la administración federal anterior a tomar decisiones apresuradas y arriesgadas, caracterizadas por grandes cambios estructurales.
Específicamente en lo relativo a la responsabilidad de las compras consolidadas de medicamentos, en un periodo de no más de cuatro años, al menos siete entes gubernamentales han estado a cargo de esta tarea. El esquema ha transitado de la siguiente forma: en 2018, el IMSS era el encargado; en 2019, la responsabilidad se transfirió a la Oficialía Mayor de la SHCP; en 2020, se asignó a la UNOPS en conjunto con el INSABI; en 2023, Birmex fue designada como la nueva institución responsable, y en 2024, el compromiso fue compartido entre la Secretaría de Salud y Birmex, destacando que en el proceso de licitación recientemente anulado, esta última fungía como la entidad convocante.
Dicho procedimiento de licitación fue descrito como la adquisición consolidada de medicamentos e insumos más grande en la historia del sistema de salud en México, ya que contemplaba la compra de 3,900 claves de medicamentos, materiales de curación e insumos médicos, lo que implicaba obtener 4,934 millones de piezas en total. Participaban en esta compra 26 instituciones de salud pública, incluyendo el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, los institutos nacionales de salud, Pemex y la Secretaría de Marina. Se estimaba una inversión de aproximadamente 130,000 millones de pesos.
No obstante, el proceso resultó accidentado y generó serias dudas desde el inicio, particularmente sobre la viabilidad de contar con los medicamentos en tiempo y forma, debido a diversos retrasos en el calendario original. A ello se sumaron las inquietudes expresadas por los participantes en las juntas de aclaraciones, centradas en la falta de información clara respecto a los puntos de entrega, cantidades mínimas y máximas, plazos y tiempos de entrega. Todos ellos son aspectos relevantes para evaluar adecuadamente las propuestas y realizar una correcta asignación de los contratos.
La anulación del proceso de licitación, en el que Birmex actuaba como entidad convocante, fue precedida por una investigación interna que detectó presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, mismas que fueron corroboradas durante la indagatoria. Este hecho envía un mensaje contundente: la lucha contra la corrupción no es una ilusión ni una promesa vacía, sino una verdadera política de Estado. Además, en este caso particular, no solo se ha afectado a las finanzas públicas, sino que también se ha generado un impacto negativo directo en la calidad de vida de las y los mexicanos.
Las reacciones y críticas ante la intervención de la Secretaría no se han hecho esperar. Sin embargo, estas no deben opacar el hecho de que invalidar el proceso de licitación fue una medida proactiva y necesaria para garantizar que las instituciones gubernamentales actúen con base en los principios de integridad, legalidad, transparencia y eficiencia. Aun así, la preocupación por el abasto de medicamentos es legítima, pues se trata de un elemento fundamental e inherente al derecho a la salud, cuya tutela debe prevalecer sobre la inmediatez de soluciones temporales que solo contribuyen a deteriorar aún más la confianza en las instituciones del país.
No es posible hablar de salud pública sin referirse a la necesidad de transparencia en la gestión de los recursos públicos. De acuerdo con informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la corrupción en el sector salud ha sido uno de los factores que más han afectado la calidad de los servicios, además de representar un desperdicio de recursos que podrían haberse destinado a mejorar las condiciones de hospitales y centros de salud en todo el país.
La presidenta Sheinbaum tiene muy bien medido y calculado el riesgo que enfrenta el país si la política pública de salud no es reformada adecuadamente, lo cual forma parte esencial del llamado "Plan México". La cancelación de esta licitación es una manifestación clara de que su gobierno no solo está comprometido con el combate a la corrupción, sino también con la implementación de mecanismos fundamentados en la eficiencia, la justicia social y el respeto al bienestar de los ciudadanos. Solo así será posible erradicar las malas prácticas del pasado y construir un sistema de salud digno, accesible y sostenible para todos.
