El 15 de mayo de 2019, se reformo? el Artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual tuvo importantes repercusiones para la educación superior, pues dicha reforma estableció que la educación superior, deberá ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
Por ahora, sólo me referiré al aspecto relativo a la gratuidad en las instituciones públicas de educación superior; y a la intención de esta reforma que evidentemente fue establecer el marco que garantice el derecho a estudiar una profesión, así como la permanencia de las y los estudiantes en las aulas, además hace patente la obligación del Estado, para asegurar que la falta de recursos no sea un obstáculo para quienes deciden ejercer su derecho a ingresar a alguna institución de educación superior.
Sin embargo, existe un dilema con la gratuidad y la calidad de la educación pública superior en México, y desde luego en otros países de América Latina, porque una educación gratuita no necesariamente es de calidad.
Lamentablemente, en ocasiones se sacrifica la calidad académica por la masificación en el acceso a la educación pública superior, a la cual obviamente todas y todos los mexicanos tenemos derecho; sin embargo, hay que reconocer que acceder a la educación superior implica un gran esfuerzo, por parte quien desea ingresar a una carrera, situación que además va de la mano con el tema de los exámenes de admisión, que son filtros que buscan que los nuevos estudiantes tengan las herramientas mínimas necesarias para recibir educación de nivel superior y que posteriormente se conviertan en profesionistas de alta calidad.
Por ello, vale la pena hacer énfasis en la necesidad de equilibrar el acceso a la educación superior con la excelencia académica, es decir, que las instituciones públicas de educación superior, garanticen que los egresados de sus programas académicos, tengan la calidad que exige la misma sociedad que, si bien por un lado cada vez demanda más espacios, de igual manera demanda que los profesionistas estén bien preparados y capacitados para hacer frente a sus distintas necesidades.
Las principales responsables de establecer esos equilibrios son las propias instituciones de educación superior, porque al final serán ellas las que deban favorecer la accesibilidad a sus programas, así como abrir oportunidades para todas y todos, además de contar con plantillas de docentes capacitados y actualizados, contar con instalaciones dignas y con las herramientas necesarias para hacer frente a los cambios tecnológicos y desde luego a la era digital, a fin de incorporarlos a sus planes de estudio, entre muchos otros retos que se avecinan y que desde luego, cuestan dinero.
