El pasado 30 de enero de 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con fundamento en el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanes -donde se consiga sus facultades exclusivas de fiscalización- aprobó el acuerdo de clave INE/CG54/2025, por el cual emitió los Lineamientos para la Fiscalización de los Procesos Electorales del Poder Judicial, Federal y Locales.
En dicho documento, ser establecen las disposiciones que las candidaturas que pretenden integrar el Poder Judicial (local y federal), deben seguir para hacer una contienda equitativa y transparente, en lo que es un proceso electivo histórico en nuestro país.
Además, en el mismo, se implementa el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC), plataforma digital de uso obligatorio, a través de la cual, las personas competidoras deben registrar la información relativa a sus ingresos y egresos económicos, así como sus actividades y erogaciones monetarias durante el periodo de campaña.
Entre las tantas reglas consignadas, destaca la prohibición de utilizar recursos públicos y privados para actividades proselitistas; es decir, las campañas de las personas juzgadoras en el presente proceso electoral son estrictamente suministradas bajo el concepto de autofinanciamiento. Todos los gastos que se lleven a cabo a lo largo de la contienda deben de salir de la propia bolsa de la candidatura.
Debemos de tener en consideración que el presente Proceso Electoral para la Renovación de los Poderes Judiciales Locales y Federales, tiene una naturaleza totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados.
Para algunos especialistas en materia electoral, los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral, atienden a proceso electivos de otra lógica, como son las diputaciones, senadurías, ayuntamientos, gubernaturas, incluso, la presidencia de la república.
Lo anterior guarda sentido, pues las candidaturas que se presentan en una contienda ordinaria, generalmente tienen el respaldo de partidos políticos que cuentan con grandes financiamientos públicos y privados, además que se integran de grandes equipos jurídicos y administrativos, los cuales permiten a las personas competidoras enfocarse plenamente en lo que deben de estar: la campaña.
A ello se suma, que, incluso pudiendo financiar un equipo de respaldo, no es comparable al de un partido político, por ende, la concentración de las y los candidatos, se tiene que dividir en múltiples aspectos a lo largo del proceso electoral a fin de no incurrir en alguna falta administrativa o penal electoral.
Ese orden de ideas, es evidente que no todas las candidaturas parten desde el mismo punto, ello, en atención a los diferentes ingresos y a las diversas capacidades de gastos que cada persona tiene. Si bien es cierto que se establecen diferentes topes de gastos, dependiendo la naturaleza del cargo que se aspira, el punto de partida no es el mismo para todas y todos.
Ahora bien, la contienda que se aproxima es interesantísima, será algo totalmente diferente a una campaña de elección popular ordinaria. Ello, pues, con base en los Lineamientos de Fiscalización, prácticamente todas las campañas se van a desarrollar virtualmente a través de las redes sociales y mediante propaganda impresa en materia reciclable (papel).
Las ideas torales para la publicidad de candidaturas son la difusión de la trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión ; mismas que, obviamente, tienen como propósito convencer a la ciudadanía de ser la mejor opción para ocupar un cargo judicial.
Cabe hacer una reflexión sobre el papel que guardan las redes sociales en la vida cotidiana de la ciudadanía en México, tal vez este ejercicio es una transición general en el modelo de campañas electorales. Cuestionable la efectividad, ya que el reto es llegar a la mayor cantidad de población posible con pisos y topes económicos diferentes, con estrategias de comunicación diversas y con perfiles novedosos a cargos de elección popular a los cuales no estamos acostumbrados a votar.
Finalmente, las reglas están puestas, es responsabilidad de todas las candidaturas observarlas y atenderlas, esto, para tener una gran contienda transparente y equitativa que incentive a la ciudadanía a participar y elegir a las personas juzgadoras locales y federales.
