La candidata Dora Martínez exigió al INE detallar cómo medirá la equidad en los foros que organizan sindicatos, organizaciones y universidades a aspirantes del Poder Judicial.
Sin embargo, la Secretaría Ejecutiva del INE negó a Martínez una respuesta, por lo que el magistrado Reyes Rodríguez propone ordenar al Consejo General detallar las características y condiciones de estos encuentros.
"Los foros de debate deberán ser organizados y brindados gratuitamente por los sectores público, privado o social, como por ejemplo las universidades, los sindicatos gremiales, las organizaciones de abogados, contadores, las organizaciones civiles de defensa de los derechos de las mujeres o personas indígenas.
"Garantizando condiciones de equidad. Deberá extenderse en condiciones de igualdad la invitación por escrito a la totalidad de las candidaturas registradas que compitan por el mismo cargo. Podrán realizarse siempre que participen al menos el 50 por ciento de ellas en dicho ejercicio", indican las reglas del INE, expedidas el 29 de marzo.
Por ejemplo, Martínez pidió al Instituto informarle cuántos candidatos deben estar convocados para que se cumpla con la regla de "equidad" que plantea y si habrá un catálogo oficial de organizaciones autorizadas para realizar los foros.
"¿Qué medidas específicas debe tomar una persona candidata para asegurarse de que su participación en un foro no implique la utilización de financiamiento público o privado no autorizado?
"¿Qué criterios se utilizarán para determinar si la organización de un foro implica un beneficio directo a una o algunas personas candidatas?", indica la petición de Martínez al INE.
También demandó aclarar qué le sucedería a un candidato si el encuentro se difunde su foro en redes sociales y los organizadores lo pautan, es decir, pagan por su difusión.
Además de si al mismo tiempo pueden acudir contendientes y confrontar sus propuestas.
"Las participaciones en podcasts, entrevistas o participaciones en universidades, o cualquier otro tipo de espacio donde se emita un mensaje ¿se analizarían con los mismos parámetros de los foros de debate y mesas de diálogo?", son algunas de las inquietudes que no recibieron respuesta.
En su proyecto que pide a sus compañeros se apruebe, Rodríguez plantea que este tipo de preguntas no las puede responder la Secretaría Ejecutiva, sino los consejeros, porque se necesita una interpretación de ciertas normas.
"Responder a tales cuestionamientos indudablemente podría dar lugar a la emisión de criterios generales aplicables a todas las personas candidatas, que sirvieran de pauta para definir su actuar en las campañas en curso.
"Por tanto, se actualiza la competencia del Consejo General para dar respuesta a la consulta", plantea el magistrado en su propuesta que será debatida el próximo miércoles.
