En México, hablar del consumo de sustancias ilícitas y otras legalizadas pero socialmente normalizadas como el alcohol, el tabaco o ciertos psicotrópicos ya no puede limitarse al plano de la salud pública o la prevención educativa. Hoy, el fenómeno ha escalado a las estructuras mismas del poder político y administrativo, donde las implicaciones son de otra naturaleza, donde entran la ética, la gobernabilidad y la legitimidad del Estado.
Según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2019), cerca del 10% de los adultos en México han consumido alguna droga ilegal a lo largo de su vida, y más del 70% consume alcohol de forma habitual. Estas cifras, cuando se cruzan con la presencia de redes de corrupción, violencia institucional y negligencia en la administración pública, nos obligan a hacernos una pregunta incómoda ¿Cuántos funcionarios públicos actúan bajo el influjo de sustancias o con secuelas de su consumo? ¿Cuántos operan con plena capacidad física, emocional y ética para tomar decisiones que afectan a millones de personas?
En el servicio público mexicano, sobre todo en niveles altos de gobierno, el uso de sustancias no es un fenómeno marginal. En distintos casos judicializados algunos recientes, otros ocultos por décadas, ha quedado expuesto el uso de drogas entre servidores públicos que ostentan grandes responsabilidades. El tema, sin embargo, permanece como un tabú institucional. Nadie quiere hablar de un legislador alcoholizado, de un juez adicto a los ansiolíticos, o de un jefe policiaco con historial de consumo de cocaína.
El problema no es solo sanitario o individual, se convierte en estructural cuando afecta el desempeño de funciones públicas, compromete decisiones y facilita entornos de corrupción. La distorsión de la realidad, la pérdida de juicio crítico o el desequilibrio emocional derivados del consumo sistemático de sustancias impactan directamente en la calidad del servicio público, la seguridad, el diseño de políticas y la justicia.
Frente a este contexto, quizá seria pertinente que en México se legisle la obligatoriedad de exámenes antidoping y pruebas periódicas de control de confianza para todos los funcionarios públicos, sin excepción, desde el ámbito municipal hasta el federal. Esta política debe ser parte de una estrategia integral de transparencia, no como castigo o persecución, sino como un mecanismo ético de garantía institucional.
Actualmente, los controles de confianza aplican parcialmente a cuerpos de seguridad, pero están ausentes en otros poderes y niveles de gobierno. No existe, por ejemplo, un protocolo obligatorio para someter a diputados, senadores, jueces, secretarios de Estado o presidentes municipales a exámenes de sustancias psicoactivas de manera continua. Esta omisión no solo perpetúa la impunidad, sino que debilita el principio democrático de rendición de cuentas.
Si exigimos exámenes de confianza a un policía, ¿por qué no a un legislador que redacta leyes?¿por qué no los jueces o ministros de la Suprema Corte?
La implementación de esta propuesta requiere voluntad política, reformas legales y una ética pública renovada. Las pruebas no deben aplicarse como instrumento de persecución, sino como parte de una cultura de integridad, responsabilidad y profesionalismo en el servicio público. Además, deben contemplarse rutas de atención, rehabilitación y acompañamiento para quienes resulten positivos, sin por ello renunciar a la exigencia de transparencia.
El Estado mexicano debe dar el ejemplo. No es creíble que promueva campañas contra las adicciones mientras tolera, al interior de sus estructuras, el uso de sustancias por parte de quienes tienen el deber de proteger y gobernar.
México no puede aspirar a una transformación profunda si no se atreve a revisar los cimientos de su clase política y administrativa. La sobriedad, en sentido amplio, no es solo abstinencia de drogas, es lucidez, ética y coherencia. Por ello, la implementación obligatoria de exámenes antidoping y controles de confianza en todo el aparato público debe asumirse como una política de Estado, con miras a recuperar la legitimidad perdida y garantizar que el poder esté en manos de personas sanas, íntegras y capaces.
“La adicción es una enfermedad que requiere un enfoque médico, no un juicio moral.”
Vincent Dole.
