La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) llamó a las autoridades mexicanas a reconsiderar la reforma judicial, porque su consolidación perpetuará el poder de los grupos políticos dominantes, al permitirles intervenir en forma amplia y directa en la composición del Poder Judicial.
Marcelo Gallo Tagle, presidente de la FLAM, expresó su preocupación y rechazo a la reforma, debido a que la elección de juzgadores por voto popular es, en su opinión, una grave amenaza a la independencia judicial y a la separación de poderes, pilares esenciales de un Estado democrático de derecho.
Este organismo fue fundado en 1977 en Santiago de Chile y representa a magistrados de 18 países de Latinoamérica; según sus postulados, su finalidad es defender la independencia judicial y contribuir al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho.
"La FLAM hace un llamado urgente a las autoridades mexicanas para reconsiderar esta reforma y adoptar medidas que fortalezcan, en lugar de debilitar, la independencia judicial y la separación de poderes. La justicia debe ser administrada por jueces imparciales y autónomos, libres de presiones políticas y económicas, para garantizar la protección de los derechos fundamentales y la preservación del orden democrático", dijo en un comunicado.
"La reforma mexicana se enmarca en un contexto de erosión democrática, donde se observa un resurgimiento de regímenes autoritarios que utilizan mecanismos de cambio constitucional para socavar la democracia. Este fenómeno, conocido como 'constitucionalismo abusivo', implica el uso de reformas constitucionales que, aunque respetan las normas de procedimiento, tienen como único objetivo minar la capacidad de la oposición para competir y poner en riesgo la protección de los derechos fundamentales".
"La reforma en México es un claro ejemplo de este tipo de abuso, ya que desestabiliza las instituciones de control y perpetúa el poder de los grupos políticos dominantes".
Gallo cuestionó el método electoral para elegir impartidores de justicia, porque la función crucial del Poder Judicial es proteger los derechos fundamentales y las reglas del juego democrático, incluso frente a las mayorías políticas.
La elección mediante el voto popular, dijo, sólo compromete la imparcialidad y autonomía de la autoridad judicial, así como su capacidad para actuar como contrapeso frente a los otros poderes del Estado, ya que los juzgadores serán designados por su capacidad para atraer votos y no por su mérito y competencia.
"La legitimidad del Poder Judicial no se basa en el voto popular, sino en su capacidad para actuar como un centinela contra la tiranía de las mayorías. Un Poder Judicial que depende del voto popular no puede adoptar una postura contramayoritaria, lo que compromete su capacidad para proteger los derechos de las minorías y garantizar la justicia" manifestó.
"La reforma constitucional en México permite una intervención directa y amplia del poder político en la composición del Poder Judicial, lo que viola este principio fundamental".
También alertó sobre la posibilidad de que el crimen organizado financie candidatos, como ha ocurrido en elecciones de otro contexto distinto al judicial, lo que pondría en grave peligro la eficacia de la jurisdicción penal.
"La elección popular de jueces podría convertir al Poder Judicial en un foro de protección de los intereses de las bandas criminales, comprometiendo su autonomía e imparcialidad", señaló.
Además, dijo que la salida y reemplazo de los actuales juzgadores federales, con motivo de las elecciones de 2025 y 2027, no respeta la ley vigente e implica una retroactividad injusta y una inestabilidad institucional que socava la confianza en el sistema judicial.
