Esta misma semana, el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 73 de la CPEUM en materia de simplificación administrativa y digitalización fue avalado en lo general y en lo particular con 425 votos a favor y 19 en contra, y turnado a los congresos de las 32 entidades federativas para su discusión y aprobación.
La reciente aprobación en el Senado y la Cámara de Diputados de la reforma de simplificación administrativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum marca un importante paso en la gestión pública a través de la digitalización de procesos. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo agilizar los trámites gubernamentales, disminuir costos administrativos y reducir la burocracia.
México ha sido históricamente un país con una estructura administrativa caracterizada por su complejidad y exceso de trámites burocráticos. Según datos del INEGI en 2023, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) reveló que la carga burocrática es una de las principales quejas de la clase empresarial. Asimismo, la organización México Evalúa y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) publicaron que los empresarios mexicanos destinan un promedio de 506 horas anuales, lo que equivale a aproximadamente 21 días completos, solo para cumplir con trámites y obligaciones regulatorias.
La misma encuesta del INEGI destaca que el costo de incurrir en actos de corrupción alcanza los 11,910.6 millones de pesos a nivel nacional, lo que equivale, en promedio, a 3,368 pesos por persona víctima. Este fenómeno no solo afecta la eficiencia del aparato estatal, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía y de los empresarios en las instituciones públicas.
Con esta reforma se busca crear un sistema más accesible, eficiente y transparente, donde los trámites se puedan realizar en línea y de manera más ágil. De acuerdo con las estimaciones del gobierno, la digitalización de los trámites permitirá una reducción significativa de los tiempos de espera. La propuesta implica, por ejemplo, que las empresas puedan realizar diversos trámites en línea, desde la obtención de permisos hasta la presentación de impuestos, lo cual les permitirá reducir considerablemente el tiempo que dedican a la burocracia.
Además, esta reforma tiene un claro enfoque en la reducción de la corrupción. Al eliminar o reducir el contacto directo entre los ciudadanos y los funcionarios públicos a través de la digitalización de los procesos, se disminuirían las oportunidades de actos de corrupción. La transparencia del sistema electrónico, junto con mecanismos de verificación y auditoría en tiempo real, permitirá una mayor supervisión y control sobre los trámites y decisiones gubernamentales.
Otro beneficio fundamental de la reforma es la formalización de los negocios informales. En México, la economía informal representa alrededor del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del INEGI. Un sistema de trámites más accesible y simplificado incentivará a los negocios informales a regularizarse, lo que ampliaría la base fiscal del país y mejoraría las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector informal. Esto podría resultar en una mayor recaudación de impuestos y en la creación de empleos más estables y bien remunerados.
Aunque los beneficios de la reforma son innegables, su implementación efectiva enfrenta varios retos. En primer lugar, la infraestructura digital en México aún presenta desigualdades significativas, especialmente en las zonas rurales y en las regiones con menor acceso a internet de alta calidad. Otro desafío importante será la capacitación de los funcionarios públicos para que puedan adaptarse a los nuevos procesos digitales. Además, la reforma deberá ir acompañada de una fuerte campaña de comunicación y sensibilización dirigida a la ciudadanía y las empresas.
Lo cierto es que la estrategia propuesta es un mecanismo ya probado. Recordemos que, durante la administración de la doctora Sheinbaum al frente del Gobierno de la Ciudad de México, una de sus apuestas más grandes fue la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública, cuyos principales ejes rectores fueron la eliminación, reducción y simplificación de trámites en la prestación de los servicios públicos a favor de la ciudadanía. Hoy se busca replicar ese mismo esquema a cargo de la Agencia de Transformación Digital, encargada del desarrollo de la famosa aplicación Llave MX, como un mecanismo para agilizar trámites en todas las plataformas de gobierno.
