El proceso electoral dentro del Poder Judicial es un evento único. No se trata de una contienda política convencional, sino de la designación de personas juzgadoras, quienes deben demostrar capacidad, imparcialidad y compromiso con la justicia. Sin embargo, muchas de ellas no provienen del mundo político, sino del ámbito técnico y jurídico, lo que puede hacerlas vulnerables a errores que, sin saberlo, lleguen convertirse en infracciones o incluso en delitos electorales. ¿Te imaginas competir por una magistratura y terminar procesado penalmente?
Es común que, al carecer de experiencia en campañas, las candidaturas pasen por alto reglas que están diseñadas para evitar el uso indebido de recursos, garantizar la equidad y mantener la legalidad del proceso. Esto puede tener consecuencias graves, desde multas hasta la pérdida de la candidatura o incluso sanciones penales.
Por ello, esta es una oportunidad para el electorado de conocer qué sí y qué no hacer en este proceso. En tal sentido, te cuento que en la normativa electoral se encuentran previstas una serie de restricciones muy claras, por ejemplo, las personas candidatas no pueden recibir financiamiento, ni público ni privadopara sus campañas. Tampoco pueden pagar publicidad en medios de comunicación o en redes sociales para promocionarse. Además, el uso de recursos públicos con fines electorales está absolutamente prohibido y puede traer consigo sanciones severas.
Otro aspecto clave es que no se pueden entregar beneficios en especie o en efectivo a la ciudadanía, ya que esto se considera una forma de coacción del voto. Incluso la contratación de encuestas o sondeos de opinión está prohibida si tienen como objetivo influir en el electorado.
Sin embargo, dado que hay tantas restricciones, te preguntarás ¿cómo puede una persona candidata hacer campaña de manera legal? La respuesta está en enfocarse en la trayectoria y las propuestas, cosa que dicho sea de paso no se puede realizar previo al arranque de campaña.
En ese sentido, se encuentra permitido hablar de la experiencia profesional, los méritos y las ideas sobre la impartición de justicia. Se pueden utilizar redes sociales para difundir esta información, siempre que no implique pagos para aumentar el alcance de los contenidos. También es posible participar en entrevistas, foros de debate y mesas de diálogo, siempre que sean organizados de manera equitativa y gratuita.
Además, la propaganda impresa está permitida, pero debe cumplir con normas ambientales y retirarse tres días antes de la elección.
Un elemento clave en este proceso es la fiscalización. Para ello, se ha implementado el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC), que exige el registro en tiempo real de ingresos y egresos. Cualquier erogación debe estar debidamente documentada, y el uso de efectivo está limitado a montos muy pequeños.
El no cumplir con estas disposiciones no solo genera sanciones económicas, sino que puede interpretarse como una irregularidad que afecte el registro de la candidatura.
Debemos decir que, en derecho, la falta de información no es excusa. Las sanciones por incurrir en conductas prohibidas pueden ir desde amonestaciones a multas considerables, en casos como la aceptación de financiamiento indebido o la asistencia a eventos partidistas, se puede cancelar la candidatura y en situaciones extremas, se pueden generar responsabilidades penales por delitos electorales.
Así pues, queda manifiesto el riesgo de participar sin una asesoría adecuada en una contienda judicial, la carga de responsabilidad es mayor y los errores pueden tener consecuencias devastadoras. Es fundamental que quienes aspiran a estos cargos se asesoren adecuadamente, lean las normativas y sean completamente transparentes en su actuar. No se trata solo de ganar una elección, sino de hacerlo dentro del marco legal, asegurando que su futuro profesional no se vea comprometido por desconocimiento o descuido.
El proceso electoral judicial no solo debe ser limpio, sino que debe percibirse como tal. Por ello, conocer y respetar las reglas no es una opción, sino una obligación de las candidaturas, autoridades y ciudadanía.
