Colectivos de búsqueda acusaron que el Congreso de Guerrero mantiene archivada la Ley de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, pese a que las desapariciones de personas son un problema latente en el estado.
David Molina, Socorro Gil y Gema Antúnez, integrantes de los colectivos Lupita Rodríguez, Verdad y Justicia y María Herrera, respectivamente, y Teodomira Rosales, directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, afirmaron que la actual Legislatura, de mayoría morenista, tiene "extraviada" la iniciativa de ley.
Gil afirmó que en una conversación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Aracely Ocampo, le dijo que no tiene conocimiento de que haya una iniciativa sobre el tema.
"Lo que me dijo la diputada es de que vamos a empezar a trabajar desde cero para elaborar una iniciativa porque la que se dijo que había ya no está", comentó Gil.
En la Legislatura anterior, la 63, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nora Velázquez, pugnó para que sus compañeros de Morena aprobaran la Ley de Desaparición Forzada, pero no encontró respuesta.
En la elaboración de la iniciativa que presentó Velázquez participó la Cruz Roja Internacional e incluso el documento tuvo el aval de Adal García Campos, coordinador de la unidad de graves violaciones a los derechos humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU.
"Yo dejé la iniciativa (de Ley) en el Congreso e hicimos todo el esfuerzo para que se aprobara", aseguró la ex legisladora local.
David Molina, presidente del colectivo Lupita Rodríguez, contó que en diciembre pasado el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Urióstegui, atendió a miembros de 10 colectivos de familiares de personas desaparecidas y les aseguró que no tenía conocimiento de que hubiera una iniciativa.
Una iniciativa de ley en la materia que fue consensada por los colectivos estaba en comisiones en la Legislatura que concluyó su periodo el 30 de agosto de 2024.
En diciembre pasado, Urióstegui se comprometió a que en febrero tendría una reunión con los colectivos para discutir el tema y les prometió que se aprobaría una Ley de Desaparición Forzada.
El colectivo Lupita Rodríguez denunció que desde 2024 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les adeuda el apoyo de la canasta básica, que es de dos mil pesos mensuales.
Los integrantes de este colectivo exigen la destitución de la directora de la CEAV en Guerrero, Enedina Medina, quien es cercana al senador Félix Salgado Macedonio.
Las protestas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas contra la directora de la CEAV estatal han sido frecuentes para exigir su salida ya que no reúne el perfil para el cargo y "jinetea" los recursos.
"Enedina (Medina) está ahí porque Félix Salgado la puso en el cargo, pero no tiene la capacidad profesional", dijo una de las familiares de desaparecidos.
Gema Antúnez, del colectivo María Herrera, dijo que en caso de que en ese año se apruebe la Ley de Desaparición Forzada el gobierno tendrá que erogar un presupuesto emergente que permita la aplicación del ordenamiento.
Rosales, directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, acusó a la Gobernadora Evelyn Salgado y al Congreso local de "obstruir" la Ley de Desaparición Forzada.
"Es de todos conocido que el control del Congreso lo tiene el titular del Poder Ejecutivo y el partido político que la postuló, y en este caso, la Gobernadora Evelyn Salgado", sostuvo la activista.
