En México, las mujeres representamos más del 50% de la población. Sin embargo, nuestra participación en la esfera pública ha sido, en muchos sentidos, una historia de resistencia y lucha por la apertura y la inclusión. A lo largo de las décadas, las mujeres hemos tenido que pelear por nuestro lugar en las universidades, en el mercado laboral, en la política y, por supuesto, en el gobierno. Los avances alcanzados no han sido definitivos, y los retos persisten. A pesar de haber conquistado más espacios, nuestra participación en los procesos gubernamentales sigue siendo insuficiente y enfrenta numerosas dificultades estructurales.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2024, la participación de las mujeres en cargos públicos representó un 47%. Sin embargo, solo ocupamos el 39.6% de los cargos de toma de decisiones en el ámbito gubernamental. Este porcentaje es aún más bajo en cargos de alta dirección, ya que, en las instituciones públicas federales, solo el 29% de estos puestos son ocupados por mujeres, lo que refleja una clara desventaja en comparación con nuestros homólogos masculinos. Esta cifra evidencia la resistencia del sistema patriarcal a reconocer plenamente la capacidad de las mujeres en la gestión pública.
Uno de los factores que perpetúan esta brecha es la falta de información desagregada por género. Las políticas públicas para la equidad de género son insuficientes si no se basan en datos reales y actualizados, considerando experiencias y contextos diversos. Esto impide una evaluación adecuada de su impacto en la reducción de las desigualdades.
Además, es importante reconocer que la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas no solo implica aumentar la presencia de mujeres en cargos de decisión, sino también modificar la manera en que las instituciones abordan nuestras necesidades específicas. Temas como la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, y la equidad salarial deben ser prioritarios en la agenda pública. No obstante, estas problemáticas suelen ser minimizadas, y las políticas implementadas no han logrado incidir de manera significativa en la reducción de las desigualdades estructurales.
Las estadísticas sobre violencia de género son un claro ejemplo de la falta de acción gubernamental en la garantía de nuestros derechos. En México, 11 mujeres son asesinadas diariamente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A pesar de la magnitud de esta crisis, las políticas públicas siguen siendo insuficientes y no logran erradicar esta violencia estructural. Es imperativo que el Estado no solo registre datos sobre la violencia de género, sino que también los utilice para diseñar políticas públicas eficaces que aborden esta problemática de manera integral.
En la construcción del "segundo piso" de la Cuarta Transformación, se vislumbra una oportunidad única para impulsar una verdadera transformación en la relación entre el gobierno y las mujeres. Esto debe lograrse mediante la creación de políticas encaminadas hacia la máxima protección de nuestros derechos, basadas en evidencia, el uso de datos desagregados por género y la transparencia en la rendición de cuentas. Estos son pasos fundamentales para garantizar que las mujeres ocupemos el lugar que nos corresponde en el gobierno y en la sociedad.
A lo largo de la historia, hemos demostrado que, cuando tenemos acceso a las mismas oportunidades que los hombres, somos capaces de generar transformaciones profundas en beneficio de toda la sociedad. Ahora, más que nunca, es necesario dar el siguiente paso hacia una verdadera igualdad en los espacios públicos y gubernamentales.
