La Parcialidad en las Postulaciones del Poder Judicial de Aguascalientes: Un Análisis Crítico

El proceso electoral extraordinario 2024-2025 para renovar cargos en el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes pone en evidencia una parcialidad estructural que desafía los principios de meritocracia, pluralidad y transparencia establecidos en la reforma judicial de 2024. Un análisis comparativo de las postulaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial revela cómo las decisiones de los comités de evaluación favorecen a candidatos con calificaciones más bajas, desplazan a aspirantes mejor preparados y generan una simulación electoral que socava la legitimidad del proceso.

En el Supremo Tribunal de Justicia, las magistraturas masculinas muestran un sesgo claro. De 13 aspirantes varones registrados, solo cinco fueron seleccionados, incluyendo a uno con el puntaje más bajo (63) y otro legalmente impedido hasta 2026, mientras nueve con calificaciones entre 64 y 95 fueron excluidos sin explicación. Para las magistraturas femeninas, de ocho opciones efectivas, dos candidatas con 64 y 51 puntos —apoyadas por múltiples poderes— desplazaron a seis con puntajes entre 65 y 81, evidenciando una preferencia por opciones menos calificadas. Esta tendencia sugiere que factores ajenos a la evaluación técnica primaron en la selección.

El Tribunal de Disciplina Judicial repite el patrón. Cuatro candidatas femeninas, postuladas unánimemente por los tres poderes, dejaron fuera a cuatro aspirantes con calificaciones entre 85 y 91, mientras que la única postulación masculina, sin competencia ni puntaje conocido, elimina toda posibilidad de elección real. En los juzgados de primera instancia, el sesgo persiste: un juez civil con 83 puntos desplazó a otro con 90; en materia penal, candidatos con 79 y 64 puntos excluyeron a ocho entre 83 y 96; y una jueza mixta con 43 puntos superó a otra con 83. Estos casos destacan una inclinación sistemática hacia puntajes inferiores.

La pluralidad también está comprometida. Para las ocho plazas estimadas del Supremo Tribunal de Justicia, solo hay 13 opciones efectivas para 11 cargos. En cargos como juez en materia mercantil oral y tradicional, una sola opción convierte la elección en una formalidad. Este diseño, donde 38 aspirantes calificados fueron desplazados —34 por los comités Ejecutivo y Legislativo—, contradice las afirmaciones oficiales sobre la importancia del examen técnico-jurídico como criterio clave, apuntando a una coordinación que prioriza otros intereses.

La falta de fundamentación en estas exclusiones agrava el problema. Aspirantes con puntajes altos, respaldados por entrevistas y referencias, fueron ignorados sin explicación, mientras candidatos con calificaciones bajas o impedimentos legales fueron favorecidos, a menudo por más de un poder. Esto no solo vulnera el debido proceso, sino que limita la competencia electoral, dejando a la ciudadanía con opciones predeterminadas en lugar de una elección democrática basada en méritos.

En conclusión, la elección de candidatos llevada a cabo por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de estado expone una parcialidad sistémica que privilegia a candidatos menos calificados, reduce la pluralidad y desatiende la transparencia, afectando la legitimidad del Poder Judicial de Aguascalientes. Más allá de los números, el proceso refleja un desvío del espíritu de la reforma judicial, que busca garantizar excelencia y participación ciudadana en clave democrática. La exclusión de decenas de aspirantes preparados no solo perjudica a los afectados, sino que compromete el acceso de la sociedad a una justicia de calidad, exigiendo una reflexión crítica sobre las prácticas de selección y su impacto en la confianza pública y en la legitimidad de toda la elección judicial.