La educación superior en México enfrenta una encrucijada. Si bien, en teoría los jóvenes tienen más opciones que nunca para acceder a la universidad, en la práctica este acceso está condicionado por una serie de requisitos que, lejos de fomentar la inclusión, parece que se orientan a perpetuar la desigualdad. Factores económicos, académicos e incluso psicológicos funcionan como barreras que excluyen a quienes no pueden cumplir con las exigencias impuestas por las instituciones. Así, el sistema, aunque amplía sus puertas, lo hace de manera selectiva, dejando fuera a quienes no pueden superar los obstáculos establecidos.
Uno de los principales problemas radica en los requisitos de ingreso, que varían drásticamente entre las universidades públicas. Algunas instituciones exigen exámenes estandarizados, cuotas de inscripción que rondan los 15 mil pesos o incluso criterios subjetivos, como "tener espíritu empresarial". Estas condiciones no solo marginan a los estudiantes de bajos recursos, sino que también reflejan una falta de coordinación y equidad en el sistema educativo. Aunque la Ley General de Educación Superior reconoce el derecho a la universidad, este derecho se ve socavado por los filtros impuestos por las propias instituciones, limitando las oportunidades para quienes no pueden cumplir con estos requisitos.
El panorama es aún más desalentador para quienes aspiran a la investigación. En México, las universidades públicas y los centros de investigación son pilares del desarrollo científico, pero las plazas disponibles son escasas y, en muchos casos, precarias. Muchas instituciones prefieren contratar profesores interinos o temporales para reducir costos en lugar de ofrecer plazas titulares que permitan el desarrollo estable de la investigación. Esta práctica no solo desincentiva la carrera científica, sino que también limita el potencial de innovación y crecimiento del país.
Las consecuencias de este modelo son profundas. Los jóvenes que no logran ingresar a universidades públicas se ven obligados a recurrir a instituciones privadas, muchas de las cuales carecen de la calidad y el prestigio de las públicas. Al mismo tiempo, las universidades menos consolidadas, tanto públicas como privadas, enfrentan el riesgo de desaparecer, reduciendo aún más las opciones educativas y profundizando la brecha social.
Es urgente que el Estado mexicano asuma un papel más activo en la garantía del derecho a la educación superior. Esto no solo implica aumentar el presupuesto destinado a las universidades pu?blicas, sino también establecer mecanismos que aseguren un acceso equitativo y transparente. Asimismo, es fundamental crear plazas docentes y de investigación estables y bien remuneradas, que permitan a los jóvenes académicos y científicos desarrollar su potencial y contribuir al progreso del país.
Si México aspira a consolidarse como una nación innovadora y competitiva, no puede seguir excluyendo a miles de jóvenes talentosos por razones económicas o burocráticas. La educación superior debe ser un derecho real, no un privilegio condicionado. Solo así podrá cumplir con su papel como motor de movilidad social y desarrollo nacional.
