Lunes 2 de Junio de 2025 | Aguascalientes.
Previo a la extinción administrativa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las palabras corrupción, moches, nepotismo, tráfico de influencias, despilfarro, dádivas, favores y obtención de beneficios resuenan con fuerza. No son solo palabras vacías, sino hechos que han sido documentados y que involucran a diversos integrantes del Instituto.
Tomemos un ejemplo concreto: el escándalo de los boletos de fútbol, que salió a la luz a finales de enero de este año. Se filtraron correos electrónicos y mensajes internos en los que mandos superiores del INAI pedían entradas para partidos de fútbol a directivos de la Federación Mexicana de Fútbol a cambio de agilizar procesos administrativos y tomar decisiones favorables en trámites relacionados con la transparencia. Esta situación evidenció una presunta red de extorsión dirigida por funcionarios del Instituto. Para los ciudadanos de a pie, que luchan día a día por acceder a información clara y veraz, esta revelación fue indignante.
Pero esto es solo la punta del iceberg.La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó los resultados de la auditoría forense aplicada al gasto del ejercicio 2023 del Instituto. Se documentó la existencia de prácticas contrarias a la ética pública. La ASF identificó un exceso de gasto en el capítulo 1000, denominado "Servicios Personales", por un monto de 5.9 millones de pesos, correspondientes a 37 plazas adicionales a la plantilla laboral autorizada. Se detectaron 62 casos de nepotismo con la contratación de padres, madres, hijos, hermanos, primos, tíos y cónyuges. Además, se comprobó que los comisionados en funciones realizaron viajes internacionales con recursos del erario que no fueron aprobados por el pleno.
Aunado a esto, se reveló que el INAI otorgó contratos por un valor superior a 120 millones de pesos a consultorías y servicios externos sin comprobación adecuada. Además, el costo operativo anual del Instituto ascendía a más de 1,200 millones de pesos, una cifra desproporcionada si consideramos su impacto real en el acceso a la información para la ciudadanía.
Si bien los periodos de solventación del orden de aproximadamente nueve millones de pesos seguirán su curso normativo, un hecho irrefutable es el golpe devastador que esto representa en la credibilidad institucional ante la ciudadanía. ¿Cómo confiar en un órgano que debía velar por la transparencia, pero que operaba en la sombra?
El actuar ético en la conducta de las personas servidoras públicas es un elemento fundamental para garantizar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La responsabilidad, transparencia e imparcialidad dentro de la administración pública impactan de forma directa en el bienestar de la sociedad. Promueven la justicia y la equidad, fortalecen la legitimidad del gobierno y la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
En este contexto, cobra especial relevancia la actual política anticorrupción, la cual, a través de la Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno, busca no solo mejorar la gestión pública, sino convertirse en un pilar clave para el uso eficiente de los recursos. Con un enfoque integral y especializado, se apuesta por la prevención, el fortalecimiento de instituciones de justicia y una colaboración más cercana con la ciudadanía.
La transparencia real es un compromiso con la gente. Un principio que no se puede traicionar sin consecuencias. La desaparición del INAI no es un capricho ni una medida arbitraria; es una respuesta a los excesos y omisiones de una institución que olvidó su razón de ser.
