Como cada año, la organización Transparencia Internacional publicó su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Desde hace poco más de tres décadas, este indicador se ha convertido en la principal referencia mundial para medir los niveles percibidos de corrupción en el sector público de los países.
En su informe más reciente, correspondiente a 2024, México obtuvo solo 26 de los 100 puntos posibles, retrocediendo cinco en comparación con el año anterior. Esto lo ubicó en el lugar 140 de 180 países evaluados. Si bien el Gobierno de la 4T puede ser reconocido por varios méritos, el de erradicar el flagelo histórico de la corrupción ciertamente representa un reto trascendental a superar.
De acuerdo con datos recientes del INEGI, 83 de cada 100 personas consideran que la corrupción es un problema “frecuente o muy frecuente”. Además, el instituto informó que, durante 2023, 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos fueron víctimas de corrupción o extorsión policial.
El IPC, al integrar distintas fuentes de medición y abarcar datos de dos años diferentes en una misma estimación, evita que un solo evento o escándalo altere significativamente la calificación de un país. De este modo, mide tendencias y no casos específicos.
Así, lo que refleja este índice son conflictos y denuncias de corrupción e impunidad heredados, como los casos de Lozoya, PEMEX, Odebrecht, la Estafa Maestra y SEGALMEX. Este último, ampliamente reconocido por la administración federal en el sexenio pasado, ha llevado a que al menos 26 personas estén vinculadas a proceso penal. Si bien las sentencias aún están pendientes, estos hechos evidencian la profunda crisis de confianza en las instituciones gubernamentales. Un reto monumental que la nueva administración, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum, deberá enfrentar.
Un dato alentador es que las mediciones de Transparencia Internacional se realizaron antes del último trimestre del año pasado, es decir, antes del inicio del actual gobierno. Además, en los primeros meses de la administración de la Presidenta Sheinbaum, el nivel de percepción de la corrupción ha mostrado una tendencia positiva.
Esta mejora puede deberse, en parte, a un fenómeno recurrente al inicio de cada sexenio: la percepción de cambio y transformación genera expectativas de mejora. Sin embargo, nos ha quedado claro que no basta con el discurso de “somos diferentes”, y la Presidenta lo sabe bien.
Por ello, será clave la implementación de una política pública decisiva en esta materia. Un punto central será el fortalecimiento de la institucionalidad anticorrupción. La creación de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno podría jugar un papel crucial, ya que una estructura organizacional dedicada exclusivamente a la lucha contra la corrupción permitirá una mayor rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública.
La actual presidenta de México tiene la oportunidad histórica de redefinir el combate contra la corrupción en el país. Sin embargo, esto no solo dependerá de su capacidad para llevar a cabo reformas estructurales profundas, sino también de un cambio de mentalidad dentro de las instituciones y de la sociedad en general. Aun cuando el camino será largo y lleno de obstáculos, el liderazgo de Sheinbaum podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en México.
