La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) listó este lunes para discutir en próximas sesiones de Pleno acciones de la Oposición contra las leyes secundarias electorales de la reforma judicial, publicadas el 14 y 15 de octubre de 2024.
El Ministro Jorge Pardo turnó a sus colegas su proyecto de sentencia para las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRI y Movimiento Ciudadano (MC), que piden invalidar las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Estas leyes contienen los detalles operativos de los procesos electorales ordenados por la reforma Constitucional al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre.
El asunto ocupa el noveno lugar de la lista y podría ser discutido a finales de la próxima semana.
Para invalidar cualquier aspecto de ambas leyes, o los decretos en su totalidad, se requiere el voto de al menos ocho de los diez Ministros y Ministras, pero es previsible que las Ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz bloquearán cualquier intento de afectar la elección de junio de 2025, en la que ellas mismas serán candidatas para permanecer en la Corte.
Si bien esto último podría ser visto como un conflicto de interés que amerita el impedimento de las Ministras, la Corte ha determinado que esta figura no aplica en acciones de inconstitucionalidad, salvo que la propia Ministra exponga razones de peso para excusarse.
La norma más importante es la LGIPE, a la que fue necesario modificar 17 porciones del articulado existente, así como agregar un nuevo libro con 42 artículos que regulan temas como campañas de aspirantes a juzgadores federales y estatales, la jornada electoral, fiscalización, cómputo de votos, declaraciones de validez y asignaciones de mayoría.
El régimen transitorio, en tanto, se refiere a la elección de junio de 2025, en la que serán votados 881 cargos, incluida la renovación total de la Corte, puestos en el Tribunal Electoral, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 plazas de Magistrado de Circuito y 386 de Juez de Distrito.
La LGIPE fue el fundamento legal para la convocatoria general del Senado con las normas de actuación de los comités de Evaluación de los tres Poderes, que están en etapa de evaluación de idoneidad de los aspirantes, salvo el Comité del PJF, que frenó su proceso el pasado 7 de enero por orden de un juez.
Cabe mencionar que cualquier declaratoria de invalidez de la Corte, incluso por algún tema relativamente menor, podría ser rápidamente contrarrestada por Morena y sus aliados en el Congreso, donde solo se necesita mayoría simple para aprobar reformas legales.
Además, la propia reforma Constitucional-que la Corte no pudo invalidar el pasado 5 de noviembre-- contiene múltiples detalles operativos para instrumentar la elección de 2025, que usualmente se reservan para leyes secundarias, incluidos los formatos que deben tener las boletas.
