El narcotráfico no es un tema abrazos y no balazos sino de balas y sangre.
Por décadas, México ha enfrentado una compleja crisis de seguridad vinculada al narcotráfico que trasciende las fronteras de lo criminal para insertarse en el tejido mismo de la sociedad.
Las cifras hablan por sí mismas: las estimaciones del Instituto para la Economía y la Paz señalan que el impacto económico de la violencia en México representa aproximadamente el 15% del PIB nacional que supera los 4,72 billones de pesos anuales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en 2024 se registraron más de 30,000 homicidios dolosos, de los cuales más del 70% estuvieron relacionados con el crimen organizado y solo en 2023, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizó más de 110,000 casos acumulados. Las estadísticas también revelan un incremento alarmante en los feminicidios en zonas con presencia del narcotráfico,
El narcotráfico, aunque ilegal, ha creado su propia estructura económica. Desde las plantaciones de amapola hasta la distribución en mercados internacionales, los cárteles generan empleos, ingresos y redes en comunidades rurales, generalmente marginadas que se han visto envueltas en una paradójica relación con estas organizaciones criminales. Mientras algunas regiones experimentan un aparente "desarrollo" financiado por dinero ilícito, otras sufren el abandono y la violencia sistemática, donde miles de mujeres han quedado como jefas de familia tras perder a sus parejas en esta guerra silenciosa.
Además, enfrentan vulnerabilidades específicas como la trata de personas y la explotación sexual, delitos frecuentemente vinculados a las redes del narcotráfico. En regiones controladas por el narco, ellas deben luchar por la seguridad de sus hijos, lidiar con el reclutamiento forzado y reconstruir hogares despojados por la violencia. La falta de acceso a oportunidades económicas y educativas perpetúa un ciclo de desigualdad y exclusión que favorece a estas estructuras delictivas. La militarización del país, con más de 165.000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el territorio, no solo no ha logrado reducir sustancialmente la influencia de los carteles en las comunidades más vulnerables, sino que en muchas comunidades representan también un grave peligro para las mujeres y sus hijos, especialmente sus hijas.
Estas comunidades han desarrollado mecanismos de adaptación y resistencia frente a esta realidad. Desde organizaciones de madres buscadoras hasta colectivos de defensa de derechos humanos, la sociedad civil ha asumido roles que normalmente corresponderían al Estado. Estas iniciativas, mayoritariamente lideradas por mujeres, evidencian tanto la fractura institucional como la capacidad de resiliencia social. Pero especialmente pone en evidencian que las mujeres no son solo víctimas; son agentes clave en la reconstrucción de las comunidades. Fortalecer su acceso a recursos económicos, redes de apoyo y justicia es una pieza fundamental en el combate al narcotráfico. Es importante y urgente un enfoque de género en las políticas de seguridad que aborden tanto las causas estructurales de la violencia como sus manifestaciones específicas en diferentes grupos sociales.
En esta compleja red de intersecciones donde el género se entrelaza con múltiples dimensiones de vulnerabilidad, clase, territorio y poder; revelan no solo debilidades específicas, sino también espacios de resistencia y transformación social encabezados y liderados por mujeres para superar la violencia del narcotráfico y reconstruir un tejido social, justo en estas comunidades donde se encuentran las intersecciones más complejas de México, el Narco y las Mujeres.
