Apenas habían transcurrido un par de semanas desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando anunció la transformación de la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). Este cambio representa un significativo esfuerzo por combatir la corrupción de manera más efectiva y promover la transparencia en la administración pública.
Con esta innovación, el actual gobierno federal busca enfocar las actividades de esta nueva dependencia en garantizar la rendición de cuentas, fortalecer la ética en el servicio público y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. La creación de la SABG responde a las crecientes demandas sociales para erradicar la corrupción, un problema que ha mermado la credibilidad del sistema político mexicano durante décadas. Este flagelo ha sido uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país, atentando contra el estado de derecho, reduciendo la eficiencia gubernamental, limitando la recaudación de ingresos y comprometiendo el bienestar de la ciudadanía.
Según un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el costo de la corrupción en México ascendió a más de 300 mil millones de pesos en 2023.Este dato pone de manifiesto la urgencia de implementar acciones contundentes para combatir esta problemática.
Con una función más preventiva que correctiva, la SABG estará encargada de coordinar la implementación de acciones orientadas a garantizar que el ejercicio público se realice de manera transparente y eficiente, detectando, investigando y sancionando los actos de corrupción en todas las dependencias de los tres niveles de gobierno. Entre sus principales funciones destacan:
• Dignificación de la carrera del servicio público, mediante la formación ética, el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, la transparencia proactiva y el combate a la impunidad.
• Modernización de la administración pública federal, a través de la digitalización y sistematización de procesos.
• Impulso a los órganos de control interno, consolidándolos como áreas clave de impacto y relevancia.
• Colaboración activa entre los sectores público y privado, fomentando la cooperación en el combate a la corrupción.
Desde su anuncio, esta transformación ha sido bien recibida por diversos sectores de la sociedad, que consideran que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el país. Sin embargo, también existen voces críticas que señalan sobre los retos que enfrentará la nueva institución, particularmente en términos de recursos, autonomía y resistencia burocrática.
El pasado 31 de diciembre de 2024, como parte del proceso de sustitución, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el reglamento interno de la nueva Secretaría, y se designaron a sus principales titulares. Su tarea será superar los resultados obtenidos en esta materia durante el sexenio anterior, donde, según datos oficiales, los actos de corrupción disminuyeron un 11.2% y la percepción social sobre este problema se redujo en ocho puntos porcentuales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno representa una apuesta audaz del Ejecutivo Federal para reafirmar su compromiso con la transparencia, la integridad y la eficiencia institucional, además de contribuir a la recomposición del tejido social. Ubica la erradicación de la corrupción como uno de los cimientos esenciales para construir un México más justo, próspero y menos desigual.
El éxito de esta iniciativa dependerá no solo de los recursos y autonomía que reciba la SABG, sino también del compromiso colectivo de todos los sectores de la sociedad para cerrar filas contra este flagelo histórico. La tarea es monumental, pero los beneficios para México serán incalculables si este esfuerzo se materializa en resultados tangibles y duraderos.
