La iniciativa de reforma en materia de vivienda presentada por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, parece encaminada a una aprobación inminente, dejando de lado el diálogo social como componente político fundamental del trabajo decente, según lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo.
Si bien esta propuesta de reforma presenta nobles intenciones al buscar mejorar el acceso a la vivienda mediante alternativas como el arrendamiento social y opciones habitacionales más flexibles, lo que podría responder a las necesidades reales de los trabajadores, también conlleva riesgos significativos que deben abordarse con responsabilidad y cautela.
Uno de los puntos controversiales es la propuesta de utilizar 2.4 billones de pesos provenientes de las subcuentas de vivienda de los trabajadores, recursos privados que pasarían a ser administrados por una entidad que ahora estaría bajo control total del Gobierno Federal. Esta modificación implica alterar la estructura tripartita del organismo, eliminando la representación paritaria entre trabajadores, empleadores y gobierno en los órganos de decisión.
Además, la reforma faculta a la Secretaría del Trabajo para designar las organizaciones de trabajadores y empleadores que participarán en la Asamblea General, lo cual podría fortalecer la influencia de sindicatos corporativos tradicionales y perpetuar prácticas opacas y estructuras corporativas. Estas medidas apuntan hacia una centralización del control y un rediseño en la gestión de los recursos destinados a la vivienda.
Resulta fundamental enfatizar la necesidad de combatir la corrupción en el manejo de los recursos de vivienda, garantizando que estos sean administrados exclusivamente por los trabajadores, quienes, además, deberían tener la facultad de nombrar al director general del Instituto. Es imperativo establecer criterios claros y transparentes para la elección de representantes, priorizando el voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores.
¿Cuál será el siguiente paso? ¿En el futuro, se intentará también disponer de los recursos de los trabajadores administrados por las AFORES, argumentando alguna otra noble finalidad?
