La reciente reforma judicial, que ha ocupado el centro del debate nacional, representa más que una mera reorganización administrativa: es un espejo que refleja las profundas desigualdades de género que persisten en nuestro sistema de justicia.
Pero esto no es un tema nuevo, sin embargo, su relevancia ha tomado un matiz crucial en los últimos años debido a las demandas sociales por justicia, igualdad y transparencia. Este proceso, aunque técnico en su núcleo, tiene profundas implicaciones en la vida cotidiana, especialmente para las mujeres, quienes históricamente hemos enfrentado barreras estructurales en el acceso a la justicia.
La reforma judicial busca modernizar y fortalecer el sistema de justicia, combatir la corrupción y garantizar el acceso equitativo a los derechos. Sin embargo, ¿qué significa esto desde una perspectiva de género?
A pesar de los avances normativos, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los marcos de paridad, las mujeres enfrentan obstáculos significativos dentro del sistema judicial.Las pugnas recientes por estareforma han revelado una realidad incómoda: la perspectiva de género sigue siendo considerada un "tema secundario" en las grandes transformaciones institucionales. Mientras las discusiones se centraron en presupuestos y reorganización administrativa, las necesidades específicas de las mujeres que acuden al sistema de justicia quedaron, una vez más, en segundo plano.
Muchos operadores de justicia no estaban capacitados para interpretar las leyes desde una perspectiva de género, y con la reforma tampoco lo estarán, lo que significa que se perpetúa sentencias discriminatorias y por otro lado se presta a la revictimización, es decir, quelas mujeres que denuncian violencia suelen enfrentar procesos judiciales que minimizan o cuestionan sus experiencias y la realidad es que aunque ha habido avances, las mujeres siguen siendo minoría en posiciones de liderazgo en el Poder Judicial, limitando la capacidad de integrar plenamente una agenda con enfoque de género.
Las cifras son contundentes: según datos recientes del INEGI, 7 de cada 10 mujeres que intentan acceder a la justicia enfrentan obstáculos sistémicos. La violencia institucional, lejos de disminuir, se ha sofisticado. Los fideicomisos eliminados incluían fondos destinados a la capacitación en perspectiva de género y a la atención de víctimas de violencia, una decisión que impacta desproporcionadamente a las mujeres.La eliminación de recursos y la centralización de decisiones afecta especialmente a los juzgados especializados en violencia de género y a los mecanismos de protección para mujeres en situación de riesgo.Las mujeres indígenas, rurales, con discapacidad o en situación de pobreza enfrentarán obstáculos adicionales para acceder a la justicia bajo el nuevo esquema porque este incluye:
- La reducción presupuestal afecta directamente a los programas de capacitación en perspectiva de género para personal judicial.
- La eliminación de fideicomisos impacta en la operación de refugios y servicios especializados para mujeres víctimas de violencia.
- La centralización administrativa podría ralentizar la emisión de órdenes de protección, cruciales para salvar vidas.
Desde la ONG MUJERES JEFAS DE FAMILIA A.C. las mujeres alzamos la voz para solicitar:
- Garantizar presupuesto etiquetado para la transversalización de la perspectiva de género en todo el sistema judicial.
- Establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas en casos de violencia institucional.
- Asegurar la paridad en todos los niveles de la judicatura, especialmente en puestos de decisión.
- Fortalecer, no debilitar, los mecanismos de protección para mujeres en situación de violencia.
Las mujeres mexicanas merecemos un sistema de justicia que nos reconozca, nos proteja y nos garantice nuestros derechos. La reforma actual puede representar un paso atrás, pero la historia nos ha enseñado que cada retroceso institucional ha sido enfrentado con mayor organización y resistencia feminista. La verdadera reforma judicial, aquella que incorpore plenamente la perspectiva de género, significa oxígeno, pero, sigue siendo dióxido, una deuda pendiente con todas las mujeres de México.
