Congreso de Aguascalientes aprueba presupuesto estatal 2025 y reformas

Aguascalientes, AGS; En la décima cuarta sesión ordinaria, el Congreso de Aguascalientes aprobó por mayoría el presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2025, presentado por la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel. La presidenta de la mesa directiva, Nancy Gutiérrez, encabezó los trabajos en los que también se aprobaron reformas al régimen de seguridad social y leyes de ingresos para diversos municipios. 

El diputado Luis León, presidente de la Comisión de Vigilancia, destacó que el presupuesto de egresos 2025 asciende a $34,850,789,000.00, representando un incremento del 6 por ciento respecto al ejercicio 2024. Este aumento, equivalente a $1,971,304,000.00, fortalecerá sectores clave como seguridad, educación, salud y bienestar social. 

En seguridad, se asignó un aumento del 25.25 por ciento a la Secretaría de Seguridad Pública, destinando $380,323,638.49 adicionales. En educación, se otorgaron incrementos significativos a la Universidad de la Policía (18.90 por ciento), la Universidad Tecnológica Metropolitana (46.51 por ciento), el CECYTEA (6.09 por ciento), la Escuela Normal de Aguascalientes (3.6 por ciento), el INEPJA (5.91 por ciento) y el CONALEP (4.83 por ciento). 

El sector salud también recibió un impulso importante, con un incremento de $179,035,163.64 para el ISSEA. Además, se fortaleció el presupuesto del DIF estatal (9.90 por ciento) y del IAPAM, enfocado en adultos mayores (6.70 por ciento). En beneficio de los jóvenes, el Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU) tuvo un aumento del 5.56 por ciento. 

Asimismo, el Congreso aprobó las leyes de ingresos de los ayuntamientos de Cosío ($176,595,300.00), El Llano ($217,890,688.79) y Rincón de Romos ($359,427,601.89), y avaló dos declaratorias de validez constitucional. 

Entre las reformas clave destaca la modificación al régimen de seguridad social para los servidores públicos, presentada por las diputadas Mirna Medina y Arlette Muñoz. Los cambios buscan fomentar la afiliación de trabajadores, otorgar prestaciones económicas, promover la salud laboral y garantizar beneficios sociales para pensionados y sus familias. 

También se aprobó una declaratoria que establece el derecho de vivir en entornos seguros y libres de violencia, además de reformas judiciales para lograr un Poder Judicial más eficiente y cercano a la ciudadanía.