Hace tiempo, una secretaria de un amigo comentó que estaba muy endeudada “de tanto ahorrar”. Intrigado, le pregunté cómo era eso. Me explicó que, ante tantas ofertas y rebajas en las tiendas esas que son "parte de tu vida" o las que "nos entienden", siempre terminaba muy endeudada, justo por ahorrar. Algo similar les ha ocurrido y sigue ocurriendo a muchos municipios de nuestro país.
Estos ayuntamientos, obligados por ley en el 115 constitucional, a proveer servicios públicos y seguridad a la ciudadanía, han cedido gran parte de esas responsabilidades a empresas privadas. La promesa era que estas empresas prestarían los servicios de manera más eficiente, a menor costo y con mejor calidad que los gobiernos locales y federales. Sin embargo, muchas veces estas empresas carecen de la experiencia, la infraestructura y los permsios necesarios,para la correcta y adecuada prestacion de los mismos; dejando a los municipios con servicios públicos deficientes y a costos exorbitantes. No es casualidad que muchas de estas empresas se crean al inicio de los periodos de gobierno de los presidentes municipales en turno.
La deuda de los municipios a proveedores, los esquemas de “ahorro”, y los adeudos en aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Sobre Nómina (ISN) y laudos laborales tienen a una buena cantidad de los mas de 2,400 municipios de nuestro país en una situación permanente de urgencia financiera. Además, existen esquemas disfrazados de prestaciones de servicios que solo incrementan los pasivos sin mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Cuando se implementó la posibilidad de reelección para los alcaldes, se pensó que esto ayudaría a mejorar la calidad de la gestión de los gobiernos locales. Sin embargo, en los hechos parece haber sido contraproducente.
Aunque la deuda publica local no es mala en sí misma, siempre que se destine a proyectos de infraestructura que mejoren los servicios públicos y hagan más competitivos a los municipios, en la gran mayoría de los casos solo genera obligaciones impagables que hipotecan el futuro de los ciudadanos sin ningún beneficio tangible.
Un ejemplo claro es el saldo de la deuda publica local a nivel nacional, al 30 de septiembre de 2024,según datos de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, la deuda pública local fue de 683,057 millones de pesos, incluyendo estados y municipios. Algo que contrasta con la disminución de la inversión en infraestructura pública.
Hace unas semanas, la disminuida oposición se quejaba de la desaparición de órganos “autónomos”. Sin embargo, si revisamos los resultados de los órganos de fiscalización locales en cualquier estado, es claro que si desaparecieran, pocos los extrañarían. Las contralorías locales, por ejemplo, son meros cargos de transacción política. Se nombran fiscalizadores locales por cumplir con un requisito, pero carecen de trascendencia real.
A esto se suma la sumisión de las legislaturas estatales, que en su mayoría están alineadas o subyugadas a los ejecutivos estatales. Estas legislaturas se limitan a formalizar y aprobar administrativamente las cuentas públicas estatales y municipales, de acuerdo con la afinidad política de cada municipio con el grupo politico dominante en su estado.
Quizá el municipio sea la célula de gobierno más importante para los ciudadanos, ya que en sus oficinas realizamos una gran variedad de trámites y por su conducto recibimos la mayoría de los servicios públicos más sensibles y palpables. Sin embargo, las expectativas de mejora, como la llegada de más mujeres a presidencias municipales, no han cambiado la situación. La gestión municipal sigue enfrentando los mismos problemas de ineficiencia y corrupción.
¿Qué podemos hacer como ciudadanos cuando estos gobernantes, que lucharon en campañas por nuestro voto y confianza, terminan delegando todo lo que no pueden o quieren resolver a la federación? La respuesta está en la participación ciudadana y en exigir a los diputados locales que cumplan con su papel de supervisores de las autoridades municipales.
Es necesario que alguien les recuerde que su función principal no es organizar posadas ni repartir despensas, sino que ademas de crear y modificar leyes , entre otras cosas esta el fiscalizar y garantizar que los recursos publicos se utilicen para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La clave para un cambio real está en fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza en los gobiernos locales.
“Es el municipio la escuela de la democracia y el ámbito de las transformaciones donde el vecino toca la puerta”: Liliana Ladrón de Guevara
