En un contexto de incertidumbre y presión económica recurrente, de desconfianza ciudadana y demandas de mayor transparencia, la gobernanza emerge como un modelo esencial para redefinir la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Este concepto, más que una alternativa técnica, representa un cambio paradigmático en la manera en que se toman decisiones colectivas y se implementan políticas públicas.
La gobernanza se distingue de enfoques tradicionales como la gobernabilidad, al centrar sus esfuerzos en la colaboración activa entre diversos actores. Según datos del Banco Mundial, los países que aplican modelos participativos de gobernanza muestran una mayor resiliencia económica, destacando casos como Uruguay, que lidera indicadores de transparencia y eficacia en América Latina.
Sin embargo, los retos en la región son evidentes. En México, por ejemplo, la debilidad institucional y la corrupción siguen siendo barreras significativas para implementar políticas públicas efectivas. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2022, el país ocupa el lugar 126 de 180 naciones evaluadas, evidenciando la urgencia de fortalecer mecanismos de rendición de cuentas.
Adoptar la gobernanza como un modelo de gestión pública requiere superar el enfoque centralista y jerárquico del Estado. La clave radica en generar confianza entre actores sociales y gubernamentales, así como en profesionalizar la administración pública. Este esfuerzo no solo implica modernizar estructuras, sino también garantizar que las políticas sean inclusivas, adaptadas a los contextos locales y diseñadas para enfrentar problemas estructurales como la desigualdad.
La implementación de la gobernanza no es un camino exento de desafíos. Como advierte el académico John Meyer, los países que adoptan modelos globales sin adaptarlos a sus realidades locales corren el riesgo de generar un “desfase institucional”. Esto se traduce en reformas simbólicas que no impactan de manera tangible en el bienestar social.
México tiene la oportunidad de construir un modelo de gobernanza propio, inspirado en buenas prácticas internacionales pero adaptado a sus necesidades y características únicas. Un primer paso sería promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y fortalecer los espacios de cooperación entre el sector público, privado y la sociedad civil.
El éxito de la gobernanza no depende únicamente de la voluntad política, sino también de la capacidad del Estado para ser un facilitador efectivo. Con ello, podremos aspirar a un país más democrático, inclusivo y sostenible, donde las instituciones sean un puente de confianza y no un obstáculo para el desarrollo.
